La sociedad y el poder.
Aunque
para el Ecuador la independencia significó una seria ruptura y un rápido cambio
político, muchos rasgos de la sociedad colonial sobrevivieron más allá de la
fundación de la República. El fuerte sentido corporativo y estamentario
continuó sobre las fórmulas republicanas; se mantuvo la discriminación racial y
la exclusión de la mujer de la vida política. Los rasgos aristocratizantes
continuaron articulando las relaciones sociales, la cultura y la ideología. Tradiciones
paternalistas siguieron rigiendo las relaciones sociales. Solo el paso del
tiempo y el agudizamiento de la lucha social provocaron cambios significativos
posteriores.
Desde
el primer momento de la vida del Ecuador, se patentizó una tensión y enfrentamiento
entre las oligarquías regionales dominantes, especialmente de la Costa y de la
Sierra. Desde luego, ambas tenían intereses comunes pero también existían
muchos motivos de tensión, como el control de la mano de obra, siempre escasa
en el litoral; y la mantención de medidas aduaneras proteccionistas que
defendían la producción textil serrana, pero limitaban el comercio. El
conflicto irresoluto convirtió al ejército (controlado por los veteranos de la
independencia) en ámbito de la lucha por el poder. Alrededor de sus jefes se
generaron las alianzas caudillistas[1]
de la época. En la organización del nuevo Estado, la mayoría de la población
quedó al margen de la participación política. Los congresos y órganos de
gobierno eran frutos de una participación electoral limitada al reducidísimo
grupo de notables propietarios. Detrás de las fórmulas republicanas sobrevivía
una sociedad jerarquizada, estamentariamente estructurada, en la que la
autoridad se justificaba por “derecho divino”. Los notables latifundistas se
veían como continuidad hispánica y sostuvieron un proyecto nacional criollo.
Frente
a un Estado central débil, las instituciones del poder local y regional eran
sólidas. La descentralización era la norma prevaleciente. En las haciendas y
los complejos productivos que funcionaban a su alrededor se daban muchas
decisiones y hasta se mantenían prisiones privadas. Las instituciones
regionales, principalmente los municipios, controlaban la educación inicial,
servicios, obras públicas, beneficencia y administración de justicia en primera
instancia. Corporaciones autónomas que manejaban los notables, cobraban
impuestos. Al Estado central le quedaba el manejo del Ejecutivo, las escasas
relaciones internacionales, el congreso, las altas cortes, la fuerza pública,
un reducido plantel burocrático y la recaudación de algunas rentas.
Los
ingresos fiscales, provenientes en buena parte de la contribución o tributo
indígena, estancos y diezmos[2],
se gastaban en el mantenimiento del ejército, el clero y la alta burocracia. La
Iglesia, heredera de su poder colonial, tanto económico como ideológico, siguió
inserta en el Estado republicano, que reclamaba sobre ella el derecho de
patronato, o sea de controlar los nombramientos de la jerarquía, a cambio de
mantener a la religión católica como oficial y excluyente, financiando a sus
ministros y garantizando sus prerrogativas y propiedades. Al ser reconocida
como oficial la religión católica, la Iglesia mantuvo bajo su control: el
registro de nacimientos, matrimonios y muertes; el púlpito que era un medio
generalizado de comunicación; y la mayor parte del sistema educativo, por
cierto muy precario y dedicado solamente a una porción bajísima de la
población.
La mantención de la
esclavitud de los negros y del tributo indígena hasta la década de los
cincuenta fue síntoma de la continuidad colonial en la relación con los pueblos
indios y afro ecuatorianos. Las comunidades vieron más que antes invadidas sus
tierras comunales y reforzadas los mecanismos de sujeción al latifundio
Fundación del Estado (1830 –
1859)
Juan
José Flores, general nacido en Venezuela, que había desempeñado la función de
jefe de Distrito del Sur, fue designado presidente del nuevo estado por la
Asamblea Constituyente de Riobamba. Una vez en el poder Flores se dedicó a
consolidar una alianza de gobierno entre el tradicional gamonalismo[3]
latifundista de la Sierra, al que se había vinculado por matrimonio, los
terratenientes de Guayaquil y los altos mandos del ejército, integrados en su
gran mayoría por extranjeros. El Floreanismo, como se llamo popularmente a su
clientela caudillista, recogió la tradición conservadora del bolivarianismo.
Flores
controló el gobierno directa e indirectamente desde 1830 a 1845. En 1832
incorporó oficialmente las Islas Galápagos al Ecuador. Su mandato se
caracterizó por la revuelta permanente, el desbarajuste administrativo, dos
guerras con Nueva Granada (como entonces se llamaba la actual Colombia) y el
abuso de los soldados, dueños del país. Ni el esfuerzo organizador y
sistematizador de Vicente Rocafuerte, que llegó a la presidencia de la
República (1835 – 1839) mediante un pacto con su enemigo Flores, pudo superar
estas realidades. Cuando el caudillo se hizo elegir presidente por una segunda
y hasta una tercera vez, y puso en vigencia la carta de esclavitud (1843), una
constitución que establecía la dictadura perpetua, la reacción nacional
acaudillada por la oligarquía guayaquileña lo echó del poder (1845). Flores
pasó los años siguientes organizando invasiones al Ecuador con mercenarios
extranjeros al servicio de España y el Perú.
En los
primeros años de la etapa “marcista” (llamada así por la revuelta anti floreana
fue en marzo de 1845), gobernaron los civiles guayaquileños: Vicente Ramón Roca
(1845 – 1849) y Diego Noboa (1849 – 1850). Una de sus principales tareas fue
enfrentar el peligro de las invasiones de Flores. A inicios de los años
cincuenta un nuevo conflicto de poder no resuelto dio espacio para un nuevo
arbitraje militar. El hombre fuerte del ejército, general José María Urbina,
fue proclamado dictador. Luego fue elegido presidente Constitucional por una
nueva Asamblea Nacional (1852 – 1856). Urbina consolido la alianza entre la
oligarquía latifundista y comercial costeña con las Fuerza Armadas, y llevó
adelante un programa de corte liberal que promovió apertura económica y el
comercio e incluyó la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo
indígena y medidas a favor de los campesinos serranos. Todo esto generó una
feroz reacción del latifundismo tradicional que declaró la guerra al urbinismo.
Una
desastrosa negociación de la deuda externa y el intento de arrendar Galápagos a
extranjeros fueron motivos para que la oposición contra el general Francisco
Robles, heredero de Urbina, adquiriera fuerza. Diversas revueltas seccionales
provocaron en 1859 una crisis de disolución. En Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja
se formaron gobiernos autónomos. El Perú ocupó varios territorios y bloqueó el
puerto principal. Los países vecinos negociaban la participación del país.
Llego un momento en que todo el sistema pudo venirse abajo con el peso de las
contradicciones entre las oligarquías regionales. Luego del fracaso de varias
alternativas, en la que se planteó convertir al país en un Protectorado[4]
de Francia, la aristocracia[5]
quiteña, con Gabriel García Moreno a la cabeza, ayudado por Flores, logró
triunfar en la Sierra, tomar luego Guayaquil y reconstituir el Estado
ecuatoriano.
Consolidación del Estado
Oligárquico Terrateniente (1860 – 1875)
Durante
tres lustros, de 1860 hasta 1875, la figura de García Moreno dominó la escena
nacional. Al margen del debate desatado alrededor de su compleja personalidad,
es preciso afirmar que las condiciones objetivas del país determinaron el
carácter básico de esta etapa, en la que se consolida el Estado Oligárquico
Terrateniente en el Ecuador. El incremento de las exportaciones de cacao y la
vinculación más estrecha del país al mercado mundial exigían un esfuerzo de
modernización y centralización que no podía llevarse adelante si las oligarquías
regionales no llegaban a un acuerdo que, sin abolir sus contradicciones,
estableciera ciertas reglas para el control del poder. García Moreno fue la
expresión de esta alianza entre fracciones de la clase dominante, orientada a
una racionalización de la estructura y una articulación de las desparramadas
regiones en cierto marco de unidad.
El
programa garciano refleja el carácter de esa alianza de consolidación estatal.
Mediante la renegociación de sistemas de la recaudación fiscal, se logró
centralizar y administrar con mayor eficiencia buena parte de las rentas
públicas.
Así, en
octubre de 1860, el gobierno de García Moreno faculta el funcionamiento de una
Caja de Amortización, creada para emitir billetes. Al mismo tiempo, el español
Manuel Antonio de Luzárraga logró fundar otro banco por esa misma fecha, la
cual el gobierno autorizó a emitir billetes. Luego fue fundado el Banco
Particular. Hubo otros proyectos que, pese a que fracasaron, demostraron el
ambiente favorable de la época para la instalación de bancos. En ese contexto
se trató de crear un banco para el rescate de la moneda, se proyectó el Banco
Municipal de Guayaquil (1862). La circulación de los billetes complicó más el
panorama monetario del país porque eran papeles sin ningún respaldo económico y
equivalían a un vale o recibo de papel ordinario, cuando las moneas preferidas
eran las de oro y la plata. Por esta razón el Banco de Luzárraga en mayo de 1865, expresaba su intención de
dar por terminada la circulación de billetes y de cerrar sus puertas.
El
congreso de 1865, ante la necesidad de fondos y de amortizar los billetes de
circulación forzosa, dio la autorización para la creación de un banco. Con este
respaldo legal en 1867 un grupo de inversionistas encabezado por el comerciante
peruano Aníbal González propuso al gobierno la fundación del Banco del Ecuador.
Con el
impulsó dado al desarrollo de los bancos, se controlaron las emisiones
monetarias, poniéndose, al mismo tiempo, las bases del endeudamiento crónico
con el sistema financiero. Las obras públicas se construyeron por primera vez
en forma planificada y su crecimiento fue notable. Se crearon nuevas escuelas,
colegios, institutos especializados y centros de Educación Superior como la
Escuela Politécnica Nacional. Se fundó el Observatorio Astronómico. El ejército
fue reorganizado y modernizado. En suma: el Ecuador comenzó a ser un país
organizado, mejor comunicado y con un creciente nivel de escolarización.
Pero
estos cambios no podían efectuarse sin la protesta de grupos de la propia oligarquía
y fundamentalmente de sectores populares afectados por la racionalización del
sistema. Por eso, el programa garciano se llevó adelante dentro de las
condiciones de represión más duras que se hayan conocido en nuestra historia.
El fusilamiento, los azotes, la cárcel y la repatriación fueron cosas de todos
los días. Aún más, como el caudillo se dio cuenta que el apoyo de la Iglesia
católica podría ser un instrumento de consolidación de su programa, negoció con
el Vaticano un Concordato[6]
que estableció el monopolio del clero sobre la educación, la cultura y los
medios de comunicación. Muchos religiosos fueron traídos desde Europa para
llevar adelante un ambicioso programa educativo y para reformar, en forma
represiva, los conventos nacionales donde se había refugiado la protesta.
García
Moreno gobernó al Ecuador entre 1860 y 1865. Constitucionalmente lo sucedió
Jerónimo Carrión, que, a pesar de ser hombre de su confianza, no pudo mantener
el régimen autoritario y fue forzado a renunciar. Su sucesor, Javier Espinosa,
tampoco pudo gobernar de acuerdo con los dictámenes garcianos y fue derrocado
por el propio García en 1869. En ese año se inició la segunda administración
del hombre fuerte que se extendió hasta 1875. El nuevo período comenzó con la
aprobación de una Constitución de tipo confesional excluyente (establecía que
para ser ciudadano se requería ser católico) que daba al gobernante poderes
dictatoriales. Sus opositores la llamaron Carta Negra. El régimen se asentó en
el apoyo del clero, que tuvo su expresión más visible en la consagración
oficial de la República al Corazón de Jesús.
El
programa garciano descansó sobre una contradicción. Por una parte impulsó la
modernización y consolidación estatal, estimuló la producción y el comercio,
desarrollo la ciencia y la educación; por otra, impuso una ideología
reaccionaria excluyente y represiva, con la dictadura clerical – terrateniente.
Así fue como todo el proyecto saltó en pedazos cuando García Moreno fue
asesinado el 6 de agosto de 1875. Y si bien durante un tiempo la tradicional
oligarquía serrana tuvo el control del poder, las reformas favorecieron, a la
larga, a la oligarquía costeña, en cuyo seno se iba definiendo una nueva clase,
la burguesía comercial y bancaria.
Auge y caída del Estado Terrateniente
(1875 – 1895)
Desde
los años setenta, y especialmente desde el inicio de los ochenta, el Ecuador
experimentó un acelerado crecimiento económico, debido fundamentalmente al
aumento de la producción y exportación del cacao. La fruta se había venido produciendo
tradicionalmente en plantaciones de la Costa, sobre todo del Guayas y de Los
Ríos. Las plantaciones funcionaban a base del trabajo asalariado de grupos de
jornaleros, y de redentores, jefes de familia que cultivaban la fruta en
tierras del latifundista y le entregaba sus cosechas de cacao en pago de una
deuda. Esta relación de corte precapitalista no solo permitía una producción
cacaotera abundante y barata, sino que ampliaba constantemente la extensión de
las plantaciones. El cultivo y la comercialización del cacao incrementaron el
poder económico de los terratenientes y de manera especial de los comerciantes
y banqueros de Guayaquil. Se establecieron varios bancos y casas de comercio. La ciudad creció rápidamente.
También se profundizó la inserción de la economía del país en el sistema
económico mundial. Los representantes del intercambio y el capital
internacional empezaron a interesarse en el Ecuador.
La
etapa comprendida entre 1875 y 1895 se desenvolvió en repetidos intentos de
superar la contradicción entre el poder político y económico, heredada del
régimen garciano. La oligarquía latifundista y su aliada la Iglesia, lucharon
por conservar el poder. Las élites guayaquileñas, en cambio, en la medida de
que se consolidaban el control de la economía nacional, reclamaban mayor
injerencia en la dirección del país. Intentos por superar, o al menos
equilibrar, este conflicto se sucedieron en esos años. Primero un gobierno
aperturista, luego la dictadura, y por fin una suerte de camino medio, que terminó
por fracasar.
En 1875
fue electo presidente Antonio Borrero, candidato de moderados y radicales
frente al garcianismo sucesorio. Borrero fracasó en la búsqueda de una salida
para sustituir la Carta Negra. Ante esto, la oposición encabezada por la
oligarquía costeña promovió la dictadura del general Ignacio de Veintimilla.
Instalado en el poder, luego de vencer militarmente la resistencia serrana,
Veintimilla inició su gobierno con medidas liberales que enfrentaron a la
Iglesia. Tiempo después, ya elegido presidente constitucional, cambió su
actitud y realizó un gobierno oportunista y estéril, que desperdició una
coyuntura de particular auge económico.
Cuando
Veintimilla concluyó su período y se lanzó a una nueva dictadura, una especie
de cruzada nacional llamada, la Restauración, lo echó del poder.
Entonces
se definieron las fuerzas políticas. El garcianismo se reorganizó como amplia
coalición cuando en 1883 se fundó la Unión Republicana, pero desde el inicio se
dio una división entre los ultramontanos[7],
que luego adoptaron el nombre de Partido Católico Republicano, y los
progresistas, de orientación liberal católica. Las fuerzas laborales se
bifurcaron también. De un lado emergió la figura de Eloy Alfaro con su opción
radical montonera[8]; se estructuró una
corriente moderada que en 1890 constituyó el Partido Liberal Nacional. Así
comenzaron las incipientes instituciones políticas en el país, aunque la
definición de los modernos partidos tomaría varias décadas. Al mismo tiempo, a
finales de siglo XIX, la penetración de bienes importados afectó al artesanado,
que reactivó su presencia pública y constituyó organizaciones que cumplirían un
importante papel en la movilización popular.
Con el
triunfo de José María Plácido Caamaño en la constituyente de 1884, tomó fuerza
una alternativa tercerista, el progresismo, que favorecía la rápida adaptación
del país a las nuevas condiciones del sistema internacional, evitando al mismo
tiempo la separación de la Iglesia y el Estado. El gobierno de Caamaño enfrentó
la insurrección de las montoneras, realizó varias obras públicas e impulsó la
represión. En el de su sucesor Antonio Flores (1888 – 1892) se aceleraron
cambios modernizadores y también los conflictos que definieron la etapa:
reforma del régimen bancario, sustitución del diezmo, renegociación de la deuda
externa, contratos ferrocarrileros. En esos años se inauguró el servicio del
telégrafo.
En el
gobierno del último progresista, Luis Cordero (1892 – 1895), la fórmula liberal
– católica llegó a su límite. La presión de conservadores y liberales quitó
espacio a una alternativa que no pudo afrontar las definiciones radicales.
Cuando por un negociado de Caamaño, entonces gobernador del Guayas y hombre
fuerte del régimen, a la oposición acusó al gobierno de haber vendido la bandera,
Cordero cayó. Semanas después, el 5 de junio de 1895, se proclamó en Guayaquil
la Jefatura Suprema de Eloy Alfaro. Con ellos se inició la Revolución Liberal.
Además
en el año de 1885 se adopto al Sucre como unidad monetaria del Ecuador.
[2] Estancos y diezmos: Estancos
es el monopolio de la producción de un determinado bien asumido por el Estado u
otorgado a particulares a cambio de un ingreso al fisco. En pocas palabras son
los impuestos. Los diezmos son los impuestos que se debían pagar a los reyes o
gobernantes. El diezmo es el diez por ciento de todas las ganancias.
[3] Gamonalismo: Es el potentado
de una región que detenta el poder político y económico en un entramado de
relaciones de dominación, que parten de la concentración de la propiedad de la
tierra, el control de la intermediación comercial y relaciones entre empresas
que operan en la localidad.
[4] Protectorado: Es una modalidad
de administración de territorios que o puede hacerlo por su escasa
institucionalización y soberanía.
[5] Aristocracia: Significa el
gobierno de los mejores, es una forma de gobierno en la que el poder soberano radica en un número
reducido de personas.
[6] Concordato: Es un acuerdo
entre la Iglesia y el Estado para regular
las relaciones entre ellos en materia de mutuo interés.
[7] Ultramontanos: aquellas personas
o grupos católicos que sostienen posiciones tradicionalistas, apegadas a la
línea doctrinal.
[8] Los montoneros: son las unidades militares de extracción
rural, generalmente de caballería, conducidas por los caudillos locales.
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